Hemos recibido ésta petición de denuncia y de acción urgente. Copiamos la información tal como la hemos recibido. Agradecemos su amplia difusión entre sus contactos y/o en sus blogs.
Promoción y defensa de los derechos humanos AC.
Calle 17 S/N entre 20 y 22 Chablekal, Yucatán
C.P. 97305 / Tel. (052) (999) 913 70 21
derechoshumanos@indignacion.org
ACCIÓN DE APOYO URGENTE.
TEMOR POR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS PROCESADAS A RAÍZ DE LA VISITA DE GEORGE BUSH
El día 13 de marzo del presente año, 48 jóvenes fueron detenidos en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida por cientos de agentes de las Policía Municipal y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado, cuando finalizaba una manifestación pacífica en contra de la presencia de George Buh en nuestro país. La detención se dio minutos después de que un grupo reducido de personas destruyó un vidrio y arrancó macetas del Palacio Municipal de Mérida y se enfrentó a policías que resguardaban dicho recinto. Este hecho sirvió de pretexto para que los cuerpos policíacos arriba citados realizaran una razzia en la que detuvieron de manera indiscriminada a 48 personas, muchas de las cuales fueron víctimas de agresiones por parte de los elementos policíacos, tal como se puede observar en varios videos disponibles en esta página: http://www.bushsulfur.lunasexta.org (se ve mejor en Mozilla) situación que ha sido confirmada por este equipo de humanos al entrevistarse con varios de los detenidos, quienes relatan diversos casos de tortura física y psicológica, golpes, malos tratos y amenazas.
Después de su detención las personas fueron incomunicadas por aproximadamente 8 horas en las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública, en donde según diversos testimonios se sembraron diversas armas en las pertenencias de los detenidos. La incomunicación se prolongó cuando fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del estado, en donde por aproximadamente 20 horas no se les permitió tener contacto con familiares, abogado o persona de confianza. Sus declaraciones ministeriales se realizaron en sigilo para evitar que los detenidos pudieran contar con persona de su confianza. El día 15 de marzo, 28 personas fueron remitidas al Cereso de Mérida y puestos a disposición de los jueces primero, segundo, tercero y séptimo de defensa social del Primer Distrito Judicial con sede en esta ciudad. Los delitos de los que se les acusa son daño en propiedad ajena, ataques peligrosos, portación de arma prohibida, robo con violencia y robo en pandilla.
El próximo miércoles, los Jueces séptimo primero, segundo y tercero del fuero común determinarán la situación jurídica de las 28 personas que continúan detenidas, ante esta situación, y ante el temor fundado de que el poder judicial del estado convalidará las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los detenidos y dictará autos de formal prisión en su perjuicio, solicitamos se solidaricen con las personas privadas de su libertad a través del envío de la siguiente acción urgente a las autoridades sugeridas.
Para mayor información puede consultarse el informe preliminar sobre los hechos ocurridos el día 13 de marzo que se encuentra disponible en la página de web de indignación: www.indignacion.org.
CARTA TIPO.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República.
C. Patricio Patrón Laviada.
Gobernador del estado de Yucatán
Lic. Armando Villarreal Guerra.
Procurador General de Justicia del estado.
Magistrado Ángel Prieto Méndez.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
Del estado de Yucatán
Respetables funcionarios:
El día 13 de marzo del presente año y en el contexto de las manifestaciones contra la visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a Mérida, fueron detenidas, en la Plaza Grande de esta ciudad, 48 personas en un operativo efectuado por cientos de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado y Policía Municipal. Muchos de los detenidos fueron golpeados y sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías aprehensores. Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de dichas corporaciones, en donde permanecieron en estado de incomunicación por un lapso de aproximadamente 8 horas, tiempo en el cual y según diversas testimonios, a muchos de ellos les fueron sembradas armas. Durante el operativo, y según declaraciones de personas que se encontraban en la Plaza, los policías detuvieron de manera indiscriminada a gente que vestía de determinada manera. Incluso fueron detenidas personas que, sin haber participado en la manifestación, se encontraban de paso por la Plaza Grande.
Cuando fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia del estado se les negó, durante casi 20 horas, el derecho a comunicarse con sus familiares, abogados y/o personas de confianza, no se les hizo efectivo el derecho a realizar llamadas telefónicas, durante su declaración no contaron con una defensa adecuada y, en no pocos casos, existieron presiones para que se declararan culpables, amén del hecho inconstitucional de retener a menores de edad ante una autoridad que, según el artículo 18 constitucional, no es competente para ello. La procuraduría en ningún momento informó a los familiares de los delitos que se imputaba a los detenidos y fue hasta casi las dos de la mañana del día 16 de marzo cuando se comunicó a los familiares de la situación jurídica, teniendo como resultado la consignación de 26 personas por delitos como daño en propiedad, ataques peligrosos, portación de instrumentos prohibidos, robo con violencia y robo en pandilla.
En sus declaraciones preparatorias, la Juez Séptima, ante quien se remitió a 21 de las 26 personas consignadas, interrogó de manera tendenciosa a los procesados con preguntas como ¿te consta que George Bush es un genocida? ¿Sabes que quiere decir genocidio?, hecho que hace temer que dicha juzgadora definirá la situación jurídica de los procesados con base en sus opiniones políticas.
Ningún procedimiento del orden penal puede estar sustentado en violaciones a los derechos humanos, de ser así la acción de los órganos encargados de procurar y administrar justicia no sólo carecería de legalidad y credibilidad, sino que harían incurrir al Estado mexicano en responsabilidad internacional.
Por lo anteriormente señalado, atentamente solicitamos:
Al Gobernador del estado y al Procurador de Justicia del estado:
.- Con fundamento en el artículo 345 fracción III del Código de Procedimientos en materia penal del estado, se desistan de la acción penal ejercitada en contra de los detenidos el día 13 de marzo de 2007 y consignados a los jueces Séptimo, Primero, Segundo y Tercero del Primer departamento judicial del estado y al Consejo Tutelar para menores.
.- Se inicien las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las y los detenidos el día 13 de marzo del presente año.
Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado:
.- Garantice que el Poder Judicial del estado haga efectivos los derechos de presunción de inocencia y debido proceso establecidos tanto en la Constitución como el los principales tratados de derechos humanos.
.- Que en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, el poder judicial del estado no convalide las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto las personas detenidas, dejando en libertad a toda aquella persona que haya sufrido violaciones a los derechos humanos durante la detención, incomunicación y puesta a disposición del ministerio público.
.- Que en la determinación de la situación jurídica de los procesados, los jueces se atenga al material probatorio y evite tomar determinaciones basadas en opiniones políticas.
La eficacia y credibilidad de los cuerpos policíacos y las instituciones encargadas de procurar justicia debe basarse, antes que nada, en el cabal respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El establecimiento del estado de derecho y la eficacia de la seguridad pública no pueden hacerse a costa de la integridad física y psicológica de la sociedad.
Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, nos despedimos de ustedes.
Atentamente.
FAVOR DE MANDAR SUS ACCIONES A:
Lic. Felipe Calderón Hinojosa.
Presidente de la República.
Fax: (+52) 55 52772376
Correo-e: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
C. Patricio Patrón Laviada.
Gobernador del estado de Yucatán
Fax: (+52) 9999 303124
Correo-e: atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx
patricio.patron@yucatan.gob.mx
Lic. Armando Villarreal Guerra
Procurador General de Justicia del estado
Fax: (+52) 999 9303267
Correo-e: armando.villareal@yucatan.gob.mx
Magistrado Ángel Prieto Méndez.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del estado de Yucatán
Fax: (+52) 999 9300650
Correo-e: presidencia@tsjyuc.gob.mx
FAVOR DE MANDAR COPIA A:
Amerigo Incalcaterra.
Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Correo-e: oacnudh@hchr.org.mx
Fax: (+52) 55 50 61 63 58
Indignación, Promoción y defensa de los derechos humanos AC.
Correo-e: derechoshumanos@indignacion.org
Fax: (+52) 999 9 137020
